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El Gobierno Nacional no incluyó en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 los recursos necesarios para cubrir compromisos históricos con la Rama Judicial, afectando directamente a los servidores que han esperado el reconocimiento de sus derechos salariales.
Un reciente comunicado oficial de la Policía Nacional de Colombia dejó en claro que no se asignó presupuesto para el pago de sentencias judiciales y conciliaciones en 2025. Esto afecta directamente a cientos de beneficiarios que esperaban justicia económica tras años de litigio.
Los datos oficiales confirman una realidad que apenas empieza a reconocerse: más de 510.000 integrantes de la Fuerza Pública hacen parte del Registro Único de Víctimas, reconocidos por la Ley 1448 de 2011 como víctimas por hechos sufridos en servicio.
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